Marcelo Garay, periodista freelance que desarrolla labores para el diario La Nación y Revista 21 de Argentina, entre otros, fue detenido en horas de la tarde del domingo 17 por la policía mientras fotografiaba en sectores aledaños a la Forestal “Masisa”, en la comunidad autónoma Juan Quintremil de Roble Huacho, donde existe un conflicto territorial entre la empresa y la comunidad. Estuvo toda la noche recluido, siendo formalizado por infracción al artículo 161-A del Código Penal (Ley Otero), delito flagrante de violación a la propiedad privada, a pesar de no existir señalética alguna, según su versión.
Por la noche, su amigo periodista y campesino de la zona, Fernando “Fando” Serey, sufrió el allanamiento de su hogar a eso de las 21.00 hrs., mientras trabajaba. Esto, por saludar y acompañarlo a dicha comunidad horas atrás. Recibiendo junto a su esposa e hija de 16 años maltrato verbal y sicológico por parte de un centenar de efectivos de Fuerzas Especiales quienes, en un operativo de al menos dos horas, requisaron el computador y numerosos elementos personales para efectuar “peritajes”. “Mientras realizaba una corresponsalía en mi casa, 30 patrullas de Carabineros y Fuerzas Especiales se estacionan en el camino vecinal a 40 metros de mi casa, destrozando la cadena del portón de entrada e ingresando cerca de cien carabineros armados con metralletas. Yo solicité saber si traían orden de allanamiento, pero sólo destrozaron mi puerta y nos pasaron a llevar”, narra Fando Serey. Se puede agregar de acuerdo al recurso de amparo presentado ante la Corte de Apelaciones de Temuco que “se me gritó: ‘¡No toque nada, no se mueva!, mientras apuntaban sus metralletas (…) ‘No necesitamos Orden por Escrito. Es suficiente una orden telefónica de la Magistrado que instruye la Causa’…”, según el relato de lo que acontecido ese día rubricado en el documento judicial.
Ante los hechos ocurridos, y en especial la detención de mapuches y de periodistas que investigan el conflicto, el dirigente humanista Fernando Lira a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, afirma que “la metodología que utilizan son detenciones preventivas, iniciando con ellas investigaciones con lo cual a la gente la dejan fuera de circulación entre 9 y 15 meses, depende de lo que tarde la Fiscalía. Muchos de ellos saldrán libres después de ser formalizados”. Esto “es parte de un operativo que viene desarrollándose hace bastante tiempo en contra del movimiento mapuche con el fin de desarticularlos y dejar camino para que las empresas que operan en la Araucanía puedan continuar su labor expansionista y seguir invirtiendo”.
No es nada nuevo lo que ocurre en contra de los que defienden la causa indígena, recordando que en febrero pasado nomás fue allanada la casa del activista Miguel Tapia Huenulef, en la comuna de Lo Prado, “encontrando” un arsenal de guerra según la versión de Carabineros, en un tabuco de 6x3 metros. Adicionalmente en el sector Tres Cerros en Padre Las Casas (IX Región), han habido violentos allanamientos a los familiares de Alfredo Painemil, así como en Vilcún, comunidad donde fue asesinado Matías Catrileo, según versiones de dirigentes humanistas de la zona. Lira señala que “hace bastante tiempo desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos observando y denunciando esta situación. Y además para advertir a la opinión pública que el montaje policial, que en muchos casos se ha verificado, también se extiende a una suerte de montaje mediático que apoya esta campaña haciendo parecer al movimiento mapuche violentista, como un pueblo separado de la nación y que no tiene conciencia. Hay que oponer a la desinformación sistemática una imagen clara y precisa de lo que realmente está ocurriendo en el sur”.
Todas estas alertas no dejó pasar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando entre las 77 recomendaciones al Estado chileno, le instó a investigar casos en contra de documentalistas y periodistas que trabajan en el conflicto mapuche, así como decretar protección jurídica, medidas contra la discriminación, demarcación de territorios y cese de la represión a un pueblo que lucha por sus reivindicaciones.
“Los límites hace mucho rato se sobrepasaron. No hay que olvidar que hay periodistas extranjeros que han sido expulsados por tomar imágenes en la zona conflictiva. El caso de Elena Varela es a destacar, ya que con fondos del mismo Estado para labores de confeccionar material audiovisual, ha sido procesada como una terrorista y hoy está arriesgando 15 años de prisión”, expresa Fernando Lira, precisando que “estamos en la recta final de un operativo orquestado desde el Ministerio del Interior que busca someter al movimiento y sacarlo de circulación. Es muy difícil que vayan a poder doblegar al pueblo mapuche, y si esto no tiene una solución dialogada donde el gobierno respete los derechos del pueblo, puede terminar en algo peor. Los mapuches no han matado a nadie, no han agredido a nadie, los que han matado son los organismos represivos del gobierno”, sentencia.
Los periodistas que sufrieron estos actos represivos, Marcelo Garay y Fernando Serey, ya interpusieron un recurso de amparo en contra de la IX Zona de Carabineros de Chile de la región de la Araucanía y los funcionarios que resulten responsables, denunciando además por parte de Garay hostigamiento y acoso policial hasta hoy.
Por la noche, su amigo periodista y campesino de la zona, Fernando “Fando” Serey, sufrió el allanamiento de su hogar a eso de las 21.00 hrs., mientras trabajaba. Esto, por saludar y acompañarlo a dicha comunidad horas atrás. Recibiendo junto a su esposa e hija de 16 años maltrato verbal y sicológico por parte de un centenar de efectivos de Fuerzas Especiales quienes, en un operativo de al menos dos horas, requisaron el computador y numerosos elementos personales para efectuar “peritajes”. “Mientras realizaba una corresponsalía en mi casa, 30 patrullas de Carabineros y Fuerzas Especiales se estacionan en el camino vecinal a 40 metros de mi casa, destrozando la cadena del portón de entrada e ingresando cerca de cien carabineros armados con metralletas. Yo solicité saber si traían orden de allanamiento, pero sólo destrozaron mi puerta y nos pasaron a llevar”, narra Fando Serey. Se puede agregar de acuerdo al recurso de amparo presentado ante la Corte de Apelaciones de Temuco que “se me gritó: ‘¡No toque nada, no se mueva!, mientras apuntaban sus metralletas (…) ‘No necesitamos Orden por Escrito. Es suficiente una orden telefónica de la Magistrado que instruye la Causa’…”, según el relato de lo que acontecido ese día rubricado en el documento judicial.
Ante los hechos ocurridos, y en especial la detención de mapuches y de periodistas que investigan el conflicto, el dirigente humanista Fernando Lira a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, afirma que “la metodología que utilizan son detenciones preventivas, iniciando con ellas investigaciones con lo cual a la gente la dejan fuera de circulación entre 9 y 15 meses, depende de lo que tarde la Fiscalía. Muchos de ellos saldrán libres después de ser formalizados”. Esto “es parte de un operativo que viene desarrollándose hace bastante tiempo en contra del movimiento mapuche con el fin de desarticularlos y dejar camino para que las empresas que operan en la Araucanía puedan continuar su labor expansionista y seguir invirtiendo”.
No es nada nuevo lo que ocurre en contra de los que defienden la causa indígena, recordando que en febrero pasado nomás fue allanada la casa del activista Miguel Tapia Huenulef, en la comuna de Lo Prado, “encontrando” un arsenal de guerra según la versión de Carabineros, en un tabuco de 6x3 metros. Adicionalmente en el sector Tres Cerros en Padre Las Casas (IX Región), han habido violentos allanamientos a los familiares de Alfredo Painemil, así como en Vilcún, comunidad donde fue asesinado Matías Catrileo, según versiones de dirigentes humanistas de la zona. Lira señala que “hace bastante tiempo desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos observando y denunciando esta situación. Y además para advertir a la opinión pública que el montaje policial, que en muchos casos se ha verificado, también se extiende a una suerte de montaje mediático que apoya esta campaña haciendo parecer al movimiento mapuche violentista, como un pueblo separado de la nación y que no tiene conciencia. Hay que oponer a la desinformación sistemática una imagen clara y precisa de lo que realmente está ocurriendo en el sur”.
Todas estas alertas no dejó pasar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando entre las 77 recomendaciones al Estado chileno, le instó a investigar casos en contra de documentalistas y periodistas que trabajan en el conflicto mapuche, así como decretar protección jurídica, medidas contra la discriminación, demarcación de territorios y cese de la represión a un pueblo que lucha por sus reivindicaciones.
“Los límites hace mucho rato se sobrepasaron. No hay que olvidar que hay periodistas extranjeros que han sido expulsados por tomar imágenes en la zona conflictiva. El caso de Elena Varela es a destacar, ya que con fondos del mismo Estado para labores de confeccionar material audiovisual, ha sido procesada como una terrorista y hoy está arriesgando 15 años de prisión”, expresa Fernando Lira, precisando que “estamos en la recta final de un operativo orquestado desde el Ministerio del Interior que busca someter al movimiento y sacarlo de circulación. Es muy difícil que vayan a poder doblegar al pueblo mapuche, y si esto no tiene una solución dialogada donde el gobierno respete los derechos del pueblo, puede terminar en algo peor. Los mapuches no han matado a nadie, no han agredido a nadie, los que han matado son los organismos represivos del gobierno”, sentencia.
Los periodistas que sufrieron estos actos represivos, Marcelo Garay y Fernando Serey, ya interpusieron un recurso de amparo en contra de la IX Zona de Carabineros de Chile de la región de la Araucanía y los funcionarios que resulten responsables, denunciando además por parte de Garay hostigamiento y acoso policial hasta hoy.
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